LAS JUNTAS VECINALES
En Felechas, como en la práctica totalidad de los pueblos de la provincia de León, existía una Junta Vecinal encargada de regir los destinos del pueblo y administrar sus propiedades.
A mediados de los años 60 estas Juntas Vecinales desaparecieron en todos los pueblos del Ayuntamiento de Boñar.
Para entender cómo y por qué se produjo esta desaparición, sobre la que se ha discutido largo y tendido, habría que tener en cuenta muchos factores y, sobre todo, situarnos en aquel momento histórico.
La propuesta de disolución partió del propio Ayuntamiento de Boñar. Aducía para ello dos hechos fundamentales:
· La despoblación que se iniciaba en toda la zona. Eran los tiempos del éxodo rural, la masiva emigración de habitantes de los pueblos hacia los ciudades, más grave en esta comarca porque coincidió con los primeros cierres de minas, como en el caso de las de Veneros, administradas por Domingo López.
· El coste económico que conllevaba el patrimonio de los pueblos. Las Juntas Vecinales tenían entre otras funciones administrar el patrimonio del pueblo, que consistía básicamente en montes, pastizales, tierras y algunos inmuebles. Pero estos bienes estaban, lógicamente, sometidos a tributación (contribución) que con frecuencia nadie abonaba, bien por dejadez o simplemente por carecer de fondos.
Por estas razones, la corporación municipal de Boñar propuso, de una forma teóricamente amistosa la disolución voluntaria de las Juntas Vecinales, cuyo patrimonio y competencias serían desde entonces asumidas por el propio Ayuntamiento.
Efectivamente los miembros de las citadas Juntas Vecinales aceptaron su disolución, lo que no se recoge es el malestar que el hecho suscitó en la mayor parte de las localidades, ni la sensación de impotencia que sintieron sus vecinos, tanto los que en aquel momento detentaban los cargos de la Junta como el resto de la población, al no poder, en la práctica, oponerse a esta medida. Téngase en cuenta que por aquel entonces nos encontrábamos en plena dictadura franquista y era “suicida” oponerse a cualquier decisión previamente adoptada por una instancia superior (en este caso el Ayuntamiento), aunque se disfrazara de consejo, recomendación o sugerencia.
Por todo ello, los Presidentes y Vocales de las distintas Juntas Vecinales, esbozaron una sonrisa forzada y aceptaron la disolución.
Pero he aquí que pasados unos años, ya en plena democracia, a comienzos de los años 90, muchos vecinos de algunos de estos pueblos, entre ellos Felechas, toman conciencia de que difícilmente se puede administrar y resolver sus pequeños problemas del día a día (un bache por aquí, una fuga de agua por allá, una gotera en el otro lado…) desde el Ayuntamiento (máxime desde un Ayuntamiento pobre como el nuestro). Inician entonces los primeros pasos para la restitución de sus Juntas Vecinales.
Lo que debía haber sido un acto de simple restitución, de buena voluntad por ambas partes, de acuerdo mutuo, empieza a convertirse en un conflicto.
En Ayuntamiento se opone y se cierra en dos argumentos:
· La disolución fue un acto libre y voluntario que no tiene marcha atrás.
· La escasez de población y la falta de recursos harán inviable la restitución.
Prueba de esta postura de cerrazón es el informe municipal donde, utilizando datos de los años 60, sin ningún tipo de actualización ni corrección, valoran los bienes que corresponderían a cada uno de los pueblos en apenas unos cientos de pesetas (claro, que tiempo después instancias superiores corrigieron la medida).
Los pueblos implicados se movilizan y el asunto, complicado ya por entonces con el tema del agua y del vertedero, se radicaliza: encierros, manifestaciones, denuncias…
En octubre de1997 (Decreto 197/1997, de 9 de octubre) la Junta de Castilla y León deniega la constitución de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal (Juntas Vecinales) de Barrio de las Ollas, Colle, Felechas, Las Bodas, Llama, Oville, Veneros, Vozmediano y Voznuevo. Pero este era solo el primer asalto. No hemos perdido la esperanza.
EL AGUA:
La traída del agua de Felechas fue construida en 1975 por los vecinos del pueblo. Cierto es que para tal fin se recibieron algunas subvenciones de la Diputación, pero ellos pusieron su trabajo y también contribuyeron económicamente. Desde entonces existe una Junta del Agua, no reconocida legalmente, puesto que no cuenta con entidad jurídica propia, ni existe Junta Vecinal que la ampare, que se ocupa de se administración y del mantenimiento de la traída: limpieza del depósito y de las fuentes que lo abastecen, reparación de averías, nuevas acometidas, etc. sin que en muchos años el Ayuntamiento se preocupara lo más mínimo del tema. Ni siquiera cuando algunos veranos, durante casi un mes, disponíamos de agua apenas tres horas al día.
De repente, en 1996, el Ayuntamiento de Boñar decide que, puesto que no existe Junta Vecinal y la Junta del Agua es ilegal, la red de abastecimiento de aguas es propiedad municipal y, por tanto, los vecinos deben pagar por su uso.
El conflicto se agudiza, pues los vecinos no están dispuestos a pagar por un servicio que entienden que nunca ha sido proporcionado por el Ayuntamiento. Se niegan a pagar y devuelven los recibos. La alcaldía se niega a dialogar y responde con embargos. La situación se mantiene aun hoy día sin solución pacífica aparente.
EL VERTEDERO:
Coincidiendo con los ya complejos asuntos de las Juntas Vecinales y del agua, estalla otro tema: se hace público la intención municipal de construir un vertedero en el paraje denominado “Tras del Chozo”, en terrenos correspondientes a Felechas, muy cerca de la escombrera de la Collada de Sotillos, a unos tres kilómetros del pueblo de Felechas pero muy cercana a otras localidades vecinas, especialmente Sotillos (Ayuntamiento de Sabero) y Oceja de Valdellorma (Ayuntamiento de La Ercina).
El pueblo, que no ha sido consultado para nada, se muestra contrario, al igual que otras localidades de la comarca. La situación se complica, pues el vecino Ayuntamiento de Sabero, al que pertenece Sotillos, entiende que las obras para acondicionar el proyectado vertedero y sus accesos, se realizan en terrenos de su competencia. El cruce de acusaciones y denuncias acaba en los tribunales; los piquetes, las denuncias, los enfrentamientos… y la presencia de la Guardia Civil se multiplican.
Aunque el vertedero aún no ha sido construido, la amenaza no ha desaparecido a la espera de que los tribunales fallen varios recursos y contrarrecursos.
EL CONFLICTO:
La conjunción de los tres temas expuestos llevó a los habitantes de toda la zona a tomar conciencia de la situación por la que se atravesaba y, dejando al margen los intereses partidistas, pues en todo momento se intentó dejar al margen acciones e intereses meramente políticos, comenzaron a movilizarse reclamando, fundamentalmente, la constitución de Juntas Vecinales en todos los pueblos que así lo solicitaran, ya que entendían que una vez se dispusiera de esos órganos de autogobierno podrían resolverse el resto de los asuntos (podrían administrar y regular el uso del agua o decidir qué se hacía con los terrenos en los que se pretendía construir el vertedero).
Ante la imposibilidad de dialogar y negociar con la Alcaldía, la primera acción de protesta fue un encierro en las dependencias del Ayuntamiento de Boñar.
Se trataba de un encierro pacífico, en el que participaban personas de todas la edades y de numerosos pueblos del Ayuntamiento, pero parece que molestaba en exceso a la Alcadía, puesto que solicitó que los vecinos fueran desalojados. La operación de desalojo no será fácilmente olvidada por los que la vivieron, pero tampoco por los que simplemente la observaron. El despliegue policial -innecesario desde cualquier punto de vista- parecía talmente sacado de una película. Hubo incluso que la mentar algunas escenas de violencia.
Se iniciaron entonces las manifestaciones. Domingo tras domingo, durante varios meses, varios cientos de vecinos llegados de todos los pueblos, se manifestaban por las calles de Boñar y cortaban la carretera. La prensa, la radio y hasta la televisión se hacían eco de la protesta. Pero la postura municipal permanecía inalterada.
El tiempo pasaba y no se producía ningún tipo de avance, por lo que se decidió paralizar las movilizaciones y esperar que se resolviese por la vía judicial.
Situación actual sigue siendo la misma: esperar. Eso sí, los cambios habidos en el Ayuntamiento han mejorado, aunque levemente, las perspectivas.