El Ayuntamiento de Boñar ha cobrado 18 millones de pesetas a los pueblos durante estos últimos cinco años mediante la modificación de la ordenanza municipal de la tasa de alcantarillado y el precio público del suministro de agua potable, cambio en la normativa que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Ayuntamiento, por tanto, ha cobrado de forma irregular estos 18 millones recaudados la mayoría por la vía del apremio y el embargo, ya que los pueblos se negaron a pagar el precio del agua por considerarlo ilegal. Ahora, estos vecinos pueden solicitar que se les devuelvan los recibos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que anula la modificación de la ordenanza municipal de alcantarillado y agua de Boñar supone que el Ayuntamiento boñaerense ha venido cobrando de forma irregular a los vecinos de varias localidades de Boñar más de 3,5 millones de pesetas al año por el agua desde 1996.
Por esta causa, las arcas municipales han recaudado más de 18 millones de pesetas durante estos últimos cinco años, contando el cobro de recibos y los intereses de la vía de apremio. Solución que se ha tenido que utilizar en muchos casos al negarse los vecinos a pagar una medida que consideraban ilegal: la pretensión del equipo de Gobierno de Celia Reguero de cobrar por unos servicios y uinas infraestructuras que corrían a cargo de los pueblos. En 1996, primer año de cobro de la polémica tasa, se expidieron 240 recibos de embargo de 15.246 pesetas cada uno, unos 3,6 millones.
Según la sentencia, se anula el precio público del servicio de agua potable, que se cobraba en recibos semestrales, y la instalación obligatoria de contador para todos los usuarios. El alto tribunal de Castilla y León se basa en que «el Ayuntamiento asume la gestión del suministro de agua potable sin incorporar a su patrimonio las obras de infraestructura realizadas por el vecindadio a través del sistema de acción comunitaria, por tanto, sin tener facultades para su explotación».
Ahora, el Ayuntamiento de Boñar sólo puede recurrir la sentencia al Tribunal Superior o devolver los más de 18 millones de pesetas de las tasas cobradas de forma irregular a los vecinos de los pueblos afectados.
LA ALCALDESA NO VE QUE LA SENTENCIA ANULE LA ORDENANZA:
La alcaldesa de Boñar, Celia Reguero, no quiso indicar a este periódico si el Ayuntamiento que dirige va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia con su habitual frase de que «en este caso no tengo nada que decir».
Sin embargo, Reguero rompió el silencio que mantiene de forma habitual con los medios de comunicación para dudar de que la sentencia diga que se anula modificación de la ordenanza municipal del precio del suministro del agua. «En el Ayuntamiento no vemos que la sentencia diga lo que dicen ustedes, así que no tendremos que cambiar nada», indicó.
Artículo Publicado en el Diario de León del día 13/06/2001